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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha declarado que el rápido control territorial por parte de organizaciones criminales indica una infiltración de sus líderes en el gobierno, sugiriendo una preocupante complicidad oficial.
En recientes declaraciones, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha abordado la creciente amenaza que representan las organizaciones criminales en el país. Según Bukele, cuando una organización delictiva logra apoderarse rápidamente de un territorio y el gobierno es incapaz de recuperarlo, es señal de que los líderes criminales han infiltrado las estructuras gubernamentales.
Estas afirmaciones se producen en un contexto donde El Salvador ha implementado medidas drásticas para combatir la delincuencia. Desde la instauración del estado de excepción en 2022, más de 80,000 personas han sido detenidas bajo sospecha de pertenecer a pandillas, según informes recientes. Aunque estas acciones han sido elogiadas por reducir los índices de homicidios, también han suscitado críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Bukele ha defendido en múltiples ocasiones la necesidad de estas medidas para garantizar la seguridad nacional. En una entrevista con TIME, destacó que el estado de emergencia ha sido fundamental para transformar el país y reducir significativamente los homicidios, posicionando a El Salvador como un modelo de seguridad en la región.
Sin embargo, las declaraciones recientes del presidente sugieren una preocupación adicional: la posible complicidad interna que facilita el avance y control territorial de las organizaciones criminales. Esta infiltración podría explicar la rapidez con la que ciertos grupos delictivos se apoderan de áreas específicas y la dificultad que enfrenta el gobierno para retomar el control.
La comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno salvadoreño a abordar no solo la manifestación externa de la criminalidad, sino también a investigar y erradicar cualquier nexo entre funcionarios públicos y líderes criminales. La transparencia y la rendición de cuentas se presentan como elementos clave para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar una lucha efectiva contra el crimen organizado.
