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El Consorcio CODHAL ha expresado su rechazo a la reciente resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe el uso de dispositivos móviles durante el sufragio en la segunda vuelta electoral en Ecuador. La organización solicita la intervención urgente de organismos internacionales para garantizar la transparencia del proceso electoral.
El 13 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó una resolución que prohíbe a los electores el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos al momento de ejercer su derecho al voto en las Juntas Receptoras del Voto durante la segunda vuelta electoral prevista para el 13 de abril. Esta medida fue adoptada con tres votos a favor y una abstención, y tiene como objetivo evitar que los votantes puedan fotografiar su voto, buscando así prevenir posibles coacciones o prácticas irregulares durante el proceso electoral.
El 13 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó una resolución que prohíbe a los electores el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos al momento de ejercer su derecho al voto en las Juntas Receptoras del Voto durante la segunda vuelta electoral prevista para el 13 de abril. Esta medida fue adoptada con tres votos a favor y una abstención, y tiene como objetivo evitar que los votantes puedan fotografiar su voto, buscando así prevenir posibles coacciones o prácticas irregulares durante el proceso electoral.
Además, el Consorcio CODHAL exige que se revoque dicha prohibición y exhorta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a garantizar el respeto al principio de legalidad y seguridad jurídica, impidiendo modificaciones normativas en plena contienda electoral. La organización enfatiza la importancia de mantener condiciones que aseguren la transparencia y la integridad del proceso electoral ecuatoriano.
Por su parte, el CNE ha defendido la resolución, indicando que la prohibición del uso de dispositivos móviles durante el sufragio busca garantizar un proceso electoral más seguro y libre de posibles influencias externas que puedan comprometer la voluntad de los electores. La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano, evidenciando la polarización en torno a las estrategias para asegurar la transparencia electoral en el país.
