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Rubén Salvador, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe), expuso la crítica situación del sector, por el incumplimiento de pagos de varias instituciones estatales.
El dirigente manifestó que las compañías contratistas deberían exigir el pago, pero optan por el silencio para no arriesgar la pérdida de sus contratos. Por ello, es la dirigencia gremial quien alza la voz para reclamar sueldos puntuales.
Una de las acciones tomadas fue una protesta en la Plataforma Gubernamental del Norte, en las oficinas del Ministerio de Finanzas, donde se exigió igualdad en el trato y cumplimiento de pagos. Las autoridades ignoraron el pedido.
Según indicó, el Ministerio de Salud Pública es la entidad que registra la mayor deuda, con seis meses de retraso en los pagos a las empresas de seguridad que prestan sus servicios en hospitales, distritos zonales y centros de salud. La deuda a nivel nacional supera los 15 millones de dólares.
Salvador aseguró que, aunque el Ministerio de Salud emite la documentación respectiva, es Finanzas quien no tramita los pagos. Incluso denunció que algunos funcionarios exigen dinero para agilizar estos procesos.
Salvador prefirió no revelar los nombres de las empresas implicadas para proteger el empleo de los guardias, pero confirmó que muchas están en mora con su personal. En algunos casos, las compañías asumieron durante cinco meses el pago de sueldos con recursos propios, pero ya no pueden sostener esa carga.
Otra preocupación es que algunas empresas reciben los depósitos del Estado, pero no transfieren los sueldos a los guardias, culpando al Gobierno del incumplimiento.
En contraste, los gobiernos autónomos descentralizados como municipios y prefecturas sí cumplen con los pagos.
No obstante, Salvador subrayó que las empresas deberían contar con un fondo de reserva para al menos tres meses, pero los retrasos superan ese tiempo y las compañías enfrentan riesgo de quiebra.
Situación en Carchi
En Carchi, Rubén Salvador señaló que las instituciones que mantienen deudas con los guardias de seguridad privada son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Ministerio de Trabajo, el ECU 911 y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
También denunció que algunas empresas privadas contratan servicios de seguridad sin cumplir con los pagos establecidos. Mencionó el caso de la Terminal Terrestre de Tulcán, donde los guardias reciben un sueldo inferior al estipulado. Según explicó, el salario no debería estar por debajo de los 700 dólares, y ya se cuenta con información que confirma esta irregularidad, dijo.
Entre tanto, Andrés Páucar, coordinador de Fenaspe, alertó sobre el abandono del sector por parte del aparataje gubernamental y aseveró que varios empleados han renunciado, y otros buscan ingresos adicionales en paralelo a sus jornadas. El dirigente provincial no precisó los valores de la deuda.
Como medida, el gremio entregó un pliego de peticiones a la gobernadora de Carchi, Diana Pozo, para exigir controles más estrictos sobre la solvencia de las empresas contratistas y se gestione los pagos.
Hospital Luis Gabriel Dávila
El retraso afecta también a trabajadores de empresas de limpieza, cocina y mantenimiento, sobre todo en hospitales, entre ellos, el Luis Gabriel Dávila de Tulcán.
Una trabajadora de limpieza, que prefirió mantener su identidad en reserva, denunció que lleva meses sin recibir sueldo. Algunas personas no cobran desde septiembre de 2024, mientras que otras acumulan tres meses de retraso. Contó que no cuentan con afiliación al seguro social, a pesar del alto riesgo de su labor.
Según explicó, empresas de Esmeraldas ganaron contratos en Carchi.
Asimismo, denunció que las obligan a firmar roles de pago sin haber recibido su sueldo, y quienes se niegan son amenazadas con sanciones. Las condiciones son precarias: sin seguridad social, sin equipo de protección, con sobrecarga laboral y sin respaldo legal, argumento.
Relató que hay nuevo personal sin experiencia, lo que repercute en la limpieza del hospital. A través de fotografías mostró evidencias de pisos sucios, ropa médica en el suelo y residuos en áreas críticas.
En su desesperación por arreglar su situación acudió a las oficinas del Ministerio de Trabajo en Tulcán y a la Defensoría Pública del Carchi, pero no recibió ayuda. “Me sentí insignificante. Quienes deberían protegernos se hacen de la vista gorda. No sé a quién acudir”, expresó.
Finalmente, aconsejó a quienes buscan empleo que eviten postularse al hospital. “No pagan, no hay respaldo legal, y ya en el pasado una empresa desapareció con nuestro sueldo. Eso podría repetirse”.
Actualmente, cerca de 50 personas se encuentran afectadas en esa casa de salud. Muchas son jefas de hogar que buscan trabajos temporales para mantener a sus familias.
Respuesta del Ministerio de Salud
Como medio de comunicación, solicitamos una respuesta al departamento de Comunicación del Ministerio de Salud. En su contestación indicaron: “Como es de conocimiento público, actualmente no contamos con una autoridad nacional designada. Una vez se concrete dicha designación, se emitirá la directriz correspondiente para gestionar y atender su pedido (información) a la brevedad posible”.//LJ
