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Un ambiente tenso se vive en varias instituciones públicas tras el anuncio del Gobierno sobre el inicio de un plan de eficiencia administrativa. Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, informó el jueves 24 de julio que el Ejecutivo arrancó un proceso para modernizar el Estado, lo que implica la desvinculación de cinco mil servidores públicos a nivel nacional. Las primeras notificaciones se emitieron ese mismo día, y el Carchi no quedó al margen.
Las desvinculaciones se reportaron el viernes 25 de julio. En el hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán, 12 trabajadores fueron notificados de su salida: 10 del área administrativa y 2 del personal operativo. En la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, seis funcionarios también recibieron sus notificaciones ese mismo día. En el Distrito de Salud Huaca–Tulcán se separó a una persona. Además, un servidor del hospital del Día de Tulcán, adscrito al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Carchi, fue notificado de su despido.
Reacciones en el Carchi
La Prensa recorrió oficinas distritales para conocer cómo se vive este proceso. Algunos empleados notificaron su salida, mientras otros prefirieron dar sus versiones desde el anonimato por temor a represalias.
Patricia (nombre protegido) contó que su ministerio fue absorbido por otra cartera. “El director zonal mencionó que existe un listado, pero no dio más información. Revisamos el correo institucional todo el tiempo esperando una notificación. Es una muerte lenta”, expresó.
En otras entidades como el MIES, ECU 911, Registro Civil, Educación, Turismo y el Ministerio del Ambiente, hasta el cierre de esta edición no se registraban notificaciones. En algunos casos se ha pedido al personal continuar con sus funciones hasta recibir directrices oficiales. Se habla de que las listas incluirían a trabajadores con nombramientos, ocasionales, provisionales e incluso bajo Código de Trabajo, y que las liquidaciones podrían entregarse en bonos.
Ley que permitió los despidos
La “Ley para la Eficiencia de los Recursos Públicos” fue aprobada por la Asamblea Nacional con el respaldo del bloque oficialista ADN y sus aliados. Entre quienes votaron a favor está Lucía Pozo, mientras que José Vallejo (RC) votó en contra y Cristian Benavides (independiente) se abstuvo.
Expresiones ciudadanas
La fusión del Ministerio de Cultura al de Educación también provocó rechazo. El viernes 25 de julio, a las 17:00, gestores culturales se concentraron en el parque central de Tulcán. Luis Rosero Mora, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, lamentó la falta de información sobre las asignaciones presupuestarias. Recordó que, en procesos anteriores de fusión, el sector cultural recibió recursos limitados.
Perspectiva económica
Sobre obre el Decreto Ejecutivo N.º 60, firmado el 24 de julio de 2025, el analista Guillermo Herrera V. señaló que esta medida responde a un intento del Gobierno por reducir el tamaño del Estado a través de la fusión de ministerios y secretarías. La reestructuración contempla pasar de 20 a 14 ministerios y de 9 a solo 3 secretarías, con la consecuente eliminación de miles de puestos públicos.
Herrera explicó que esta decisión no parte de un análisis técnico riguroso, sino que obedece a la discrecionalidad de las autoridades. Entre los cambios más polémicos está la creación de un megaministerio de Educación, que integra también Cultura, Deporte y Educación Superior, lo que, a su criterio, pone en riesgo la atención y los recursos de sectores postergados. También desaparece el Ministerio de Turismo, mientras que Ambiente se fusiona con Energía, debilitando áreas clave para el desarrollo y la sostenibilidad del país.
Según Herrera, estas acciones están alineadas con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que otorgó un crédito de 5.000 millones de dólares condicionado a la reducción del gasto público, con énfasis en el control del déficit fiscal y el pago de la deuda externa. Hasta julio de este año ya se desembolsaron 600 millones bajo ese esquema.
