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Frente al repunte de hechos delictivos en el noroccidente de Tulcán y las amenazas de extorsión a comerciantes en Montúfar, la Gobernación del Carchi anunció la activación del Consejo de Seguridad Provincial para el próximo martes 2 de septiembre.
La decisión llega en medio del malestar ciudadano por la violencia registrada en la provincia. Desde la Gobernación, como ente rector en materia de seguridad, se cuestiona también el rol de los municipios y de la Prefectura frente a esta problemática.
El intendente de Policía, Alexis Enríquez, informó sobre el refuerzo de personal en la parroquia El Chical donde ahora operan 11 policías, frente a los dos que había anteriormente. Además, el Batallón Mayor Galo Molina desplegó 80 militares en patrullajes diarios.
En el sector se realizan dos operativos semanales con el Bloque de Seguridad, lo que ha permitido decomisar armas, municiones, explosivos y desmantelar campamentos vinculados a trata de personas y prostitución ilegal.
El Comité Nacional de Integridad del Sector Minero analiza declarar en emergencia a las parroquias El Chical y Maldonado. Otra medida inmediata sería trasladar un cuartel móvil de la Prefectura hacia la zona.
Montúfar bajo presión
En San Gabriel, comerciantes denunciaron amenazas de extorsión atribuidas a supuestos Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Aunque pocos afectados formalizan las denuncias por temor, la Policía investiga si los responsables realmente integran estos grupos o si utilizan sus nombres para sembrar miedo.
La ciudadanía exige resultados. Incluso, entregaron firmas a la Fiscalía pidiendo mayor celeridad en los procesos judiciales. En una reunión con el Consejo de la Judicatura se propuso activar jueces y fiscales de turno de manera inmediata, apoyados en herramientas tecnológicas.
En este cantón se realizó una marcha por la paz y un Consejo de Seguridad donde se resolvió hacer un control conjunto de patentes y permisos de funcionamiento en comercios y centros de tolerancia.
También habrá operativos CAMEX (armas, municiones y explosivos) en coordinación con la Jefatura de Control Municipal y se realizarán controles vehiculares con Policía Nacional y Movidelnor.
La comunidad solicitó mayor contingente policial para el distrito Montúfar-Bolívar.
Llamado a GAD´s cantonales
En el Consejo de Seguridad Provincial, previsto para el martes 2 de septiembre, participarán la Gobernación, Ministerio del Interior, alcaldes, prefecto, líderes barriales y organizaciones sociales.
Parte de la reunión será transparentar las acciones de los GAD´s en materia de seguridad. La normativa establece que municipios y prefecturas deben contar con un Plan de Seguridad articulado al Plan Nacional, e incluso pueden cobrar una tasa de seguridad.
Aunque en municipios como Quito, Cuenca y Guayaquil estos recursos se destinan a patrulleros, motocicletas o UPC, en Carchi ningún GAD aplica la tasa. La Prefectura tampoco ha implementado una contribución similar.
En Tulcán existe una Ordenanza de Seguridad, pero no se aplica. El documento dispone al municipio destinar al menos el 1,5% del valor total de las trasferencias percibidas por parte del Gobierno Central en el presupuesto del GAD.
Según Andrés Pascal, director de Desarrollo Sostenible, el aporte institucional ha consistido en la entrega de 25 cámaras de videovigilancia al ECU 911 y se gestionan seis adicionales. //JP
Cifras
Carchi registra seis muertes violentas en lo que va del año; 4 ocurridas en el noroccidente.
