Dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron localizadas sin vida en distintos sectores de la parroquia El Chical, en el cantón Tulcán, en hechos ocurridos entre finales de diciembre de 2025 e inicios de enero de 2026, según información confirmada por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) de Carchi.
El primer caso corresponde a Eduar Antonio Rivas Contreras, de 20 años, de nacionalidad venezolana, quien fue hallado sin vida en el río, en el sector de Guare, comunidad Angostura. De acuerdo con el reporte policial, el joven había desaparecido la noche del 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 21h00, cuando intentaba cruzar un río fronterizo desde territorio colombiano hacia Ecuador y perdió estabilidad, cayendo al afluente.
Tras varios días de búsqueda, el cuerpo fue localizado el 5 de enero de 2026 en una zona de difícil acceso. Debido a la falta de señal telefónica y vías de ingreso, comuneros y familiares realizaron el rescate del cuerpo, el cual posteriormente fue entregado a personal de la Dinased. El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Básico de Tulcán para la realización del examen externo correspondiente, en coordinación con Criminalística.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno y se presume una muerte accidental por sumersión.
El segundo hecho se registró el 6 de enero de 2026, cuando fue encontrada sin vida Cándida María Benavides Delgado, de 77 años, de nacionalidad ecuatoriana, a la orilla del río Untal, en el barrio Untal de la parroquia El Chical. La adulta mayor había sido reportada como desaparecida desde el 28 de diciembre de 2025.
Personal de la Dinased acudió al lugar tras una alerta del ECU 911 y confirmó el hallazgo del cuerpo. De acuerdo con la información recopilada, la mujer padecía problemas de salud y presentaba episodios de desorientación, por lo que se presume que se habría extraviado y posteriormente caído al río.
En este caso, los familiares manifestaron que no existían indicios de violencia ni conflicto alguno, por lo que solicitaron que no se realizara el levantamiento del cadáver, señalando que contaban con atención médica previa y que el certificado de defunción sería emitido por su médico tratante.
