25 de marzo de 2026
Grupo La Prensa: Calle Olmedo entre 10 de Agosto y Pichincha
Lo último:
24 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026
Mientras las autoridades municipales insisten en la responsabilidad legal de proteger los bienes patrimoniales, moradores advierten que varias de estas edificaciones representan un riesgo inminente para la seguridad de quienes las habitan y los transeúntes.
Desde la administración municipal, Iván Chávez, director de Planificación, explicó que el marco normativo vigente establece con claridad la corresponsabilidad de los propietarios en el mantenimiento de sus inmuebles, cuando estos forman parte del patrimonio arquitectónico.
Señaló que, al igual que cualquier bien privado, las viviendas patrimoniales deben ser conservadas por sus dueños, y que el incumplimiento de esta obligación activa procesos administrativos que pueden derivar en sanciones económicas e incluso en acciones penales.
El funcionario detalló que el municipio ejecuta un procedimiento progresivo que incluye notificaciones formales hasta en tres ocasiones. En caso de no obtener respuesta, se inicia un expediente sancionatorio conforme al Código Orgánico Administrativo, garantizando el derecho a la defensa. Si persiste la omisión, el caso es remitido a la Fiscalía para determinar si existe incuria, figura legal que sanciona el deterioro provocado por negligencia del propietario.
En paralelo, Chávez subrayó que hay una ordenanza de fondo de salvamento, orientada a apoyar económicamente a los propietarios mediante préstamos para la rehabilitación. Este mecanismo contempla montos de hasta 12 mil dólares para intervenciones emergentes, como el cambio de cubiertas y valores menores para reparaciones básicas. Sin embargo, insistió en que los recursos municipales son limitados frente a un universo de 929 bienes inmuebles patrimoniales registrados en el cantón.
La situación se vuelve más compleja al considerar que, según datos municipales, 25 inmuebles se encuentran actualmente en estado de riesgo. Este escenario, agravado por factores climáticos y eventos sísmicos encendió las alertas en sectores urbanos de San Gabriel.
INPC no permite derrocamiento ni desvinculación
Desde el área técnica, Ronald López, funcionario municipal, especialista en Patrimonio, explicó que la vivienda ubicada en la calle Montúfar, entre Pichincha y Maldonado, afectada en el sismo de 2022, colapsó el 28 de enero de 2026. El Municipio notificó al propietario —la Diócesis de Tulcán— y suscribió un acta de compromiso para la presentación de un proyecto de rehabilitación.
López enfatizó que, conforme a la normativa vigente, el derrocamiento total de un bien patrimonial está prohibido. La intervención obligatoria es la rehabilitación, bajo criterios técnicos de tipología, morfología y armonía con el entorno.
Recordó que la Ley Orgánica de Cultura establece sanciones de hasta 100 salarios básicos por la destrucción de estos bienes, además de posibles responsabilidades penales que podrían implicar hasta tres años de prisión.
Asimismo, aclaró que la competencia para autorizar la demolición o desvinculación de un bien patrimonial no recae en el municipio, sino en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC. Tres solicitudes de desvinculación presentadas en junio de 2025 fueron rechazadas en enero de 2026, lo que refuerza la imposibilidad de proceder con derrocamientos sin autorización estatal.
Los ciudadanos piden revisar ordenanzas y leyes
Sin embargo, esta postura institucional contrasta con la percepción de moradores como Adriana Fuentes, del barrio Santa Clara, quien advierte que el deterioro de las viviendas patrimoniales ya ha generado afectaciones en la movilidad y representa un peligro latente. Según relató, el colapso de estructuras cercanas, obligó a intervenir calles y reduce la seguridad de quienes transitan en el sector.
Fuentes considera que la normativa actual debería ser revisada para equilibrar la conservación patrimonial con las necesidades de desarrollo y seguridad urbana. A su criterio, varias edificaciones presentan daños estructurales internos que no siempre son visibles, lo que incrementa el riesgo para habitantes y transeúntes, especialmente en temporadas de lluvia. También alertó sobre la caída de tejas y problemas de humedad que afectan la salubridad de las viviendas.
En la misma línea, Teresa Tobar, también moradora del sector, expresó su preocupación por la cercanía de estructuras deterioradas a viviendas habitadas, donde residen familias con niños. Señaló que algunas paredes presentan fisuras severas desde el sismo y que, pese a los intentos de reparación, las limitaciones económicas impiden intervenciones integrales.
Tobar cuestionó la demora en los procesos de aprobación de proyectos y la falta de acciones inmediatas frente a estructuras que ya han colapsado parcialmente. Indicó que el material de construcción tradicional, como el bareque, se debilita con la humedad, incrementando el riesgo de nuevos derrumbes. Además, advirtió que la cercanía de instituciones educativas incrementa la exposición de menores a posibles accidentes.
El caso de la vivienda en la calle Colón, también colapsada recientemente, ilustra la complejidad del problema. Según el área técnica, aún no se ha determinado si el daño responde a abandono o a factores naturales como la presencia de humedad subterránea. En este caso, la propiedad pertenece a seis herederos, lo que dificulta la toma de decisiones y retrasa los procesos de intervención.
En medio de esta disyuntiva San Gabriel enfrenta el desafío de preservar su identidad arquitectónica sin comprometer la integridad de sus habitantes.//LJ
