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Los jueces y fiscales se mantienen en la mira del Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y las recientes reformas legales. En Carchi, se sancionó a una jueza por errores en una sentencia.
El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy Naranjo, informó que desde que asumió el cargo en julio de 2024 y hasta el 10 de junio de 2025, se sancionó a 89 servidores judiciales en todo el país, entre ellos jueces, fiscales, asistentes y secretarios. Según detalló, estas medidas buscan corregir irregularidades que afectan la credibilidad de la justicia.
En la provincia del Carchi también existen antecedentes. Una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Mira, identificada como G.L.S.P., fue sancionada por afectar la administración de justicia. Según un boletín oficial, la jueza cometió un error en un caso de intimidación al no consignar en la sentencia escrita la suspensión condicional de la pena, lo que provocó la nulidad del proceso y obligó a retrotraerlo hasta la emisión de la sentencia. Como sanción, se le descontó el 5% de su salario mensual. La sanción se emitió en mayo del 2025.
En ese mismo periodo, en Carchi no se registraron sanciones contra fiscales. Sin embargo, en 2023, el CJ sancionó a un abogado en libre ejercicio, luego de infringir el artículo 335, numeral 9, del Código Orgánico de la Función Judicial. La multa impuesta equivalió a una remuneración básica unificada.
Fue sancionado por: Ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad.
Jueces y fiscales bajo la lupa
Mientras tanto, el Ministro del Interior, John Reimberg, reiteró su postura de exponer públicamente a jueces y fiscales que otorguen libertades a personas vinculadas con delitos. El 19 de junio, Reimberg cuestionó la actuación de un fiscal y un abogado que gestionaron una medida sustitutiva a individuos acusados de extorsionar a una persona por 28 mil dólares.
En el Carchi se presentó un caso similar, donde el comandante de la Subzona de Policía, Ricardo Manitio, reveló que un ciudadano fue detenido portando dos armas de fuego. Pese a ello, quedó en libertad. Ante esta situación, el oficial expuso los nombres de un juez y un fiscal involucrados en el proceso.
Además, con la aprobación de la nueva Ley de Integridad Pública se incorporaron infracciones más severas para jueces, fiscales y servidores judiciales. Las reformas incluyen sanciones por prevaricato o por cualquier acto que favorezca al crimen organizado, los cuales pueden ser castigados incluso con pena de prisión.
Defensa profesional
Desde la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, su representante en Carchi, Richard Mora rechazó la exposición pública de funcionarios judiciales. A su criterio, la justicia enfrenta ataques desmedidos y, aunque existen casos aislados de irregularidades, no se debe generalizar el desprestigio hacia todos los jueces, en especial a quienes laboran en el área penal.
Mora enfatizó que cada persona dentro de un proceso judicial cumple un rol determinado por la ley, ya sea juez, fiscal o abogado defensor. Además, recordó que existen mecanismos institucionales para sancionar irregularidades y que esos procesos los lleva adelante el Consejo de la Judicatura.//LJ
