“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro…”.  Así lo preceptúa el Art. 19 de la Carta de la OEA.  Es una norma fundamental del derecho internacional público:  el principio de no intervención. 

            Aquel excluye no solo el empleo de la fuerza armada, sino toda forma de injerencia que atente contra la vida política, económica, social y cultural de otro Estado.  Su objetivo amplio es proteger la soberanía, la integridad territorial, la independencia política de las naciones y el derecho de la libre determinación de los pueblos.  Constituye una sustentación fundamental del derecho internacional americano, al que le es inherente. En su proceso formativo vibran los ideales del Libertador y de insignes juristas hispanoamericanos.

            Como toda norma tiene salvedades, es preciso aclarar que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en el Art 1, numeral 3, señala el propósito de realizar la cooperación internacional para alcanzar el respeto a los derechos humanos y a las libertades esenciales de todos.  Y al respecto, se han creado organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción que rebasa el ámbito de un Estado miembro, asistida de la facultad de emitir resoluciones vinculantes en lo que respecta a denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de determinados gobiernos. Sin duda, este tema requiere de un exhaustivo análisis.