“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro…”. Así lo preceptúa el Art. 19 de la Carta de la OEA. Es una norma fundamental del derecho internacional público: el principio de no intervención.
Cuando el transporte internacional empezaba a dejar atrás los efectos del conflicto comercial con Colombia, un nuevo problema apareció en la ruta hacia Perú. Las multas por la calidad del combustible y las restricciones de ingreso comenzaron a afectar a empresas ecuatorianas dedicadas al traslado de carga.
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Cuando el transporte internacional empezaba a dejar atrás los efectos del conflicto comercial con Colombia, un nuevo problema apareció en la ruta hacia Perú. Las multas por la calidad del combustible y las restricciones de ingreso comenzaron a afectar a empresas ecuatorianas dedicadas al traslado de carga.
Joffre Ibarra, representante legal de Ecuatranscargo, señala que el problema empezó hace varios años, cuando Perú implementó controles sobre la calidad del combustible utilizado por los vehículos de transporte internacional. Explica que técnicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tomaron muestras durante distintos ingresos al vecino país, pero las notificaciones comenzaron a llegar uno y hasta dos años después de esas inspecciones.
Su empresa acumula alrededor de 25 vehículos notificados y tres ya tienen impedimento para ingresar a territorio peruano hasta cancelar sanciones cercanas a los 7.000 dólares por unidad. Según relata, la normativa peruana exige combustibles Euro 4 y Euro 5, mientras Ecuador todavía comercializa combustibles con especificaciones inferiores.
El transportista recuerda que el transporte internacional recién superaba las dificultades ocasionadas por el conflicto arancelario con Colombia cuando apareció esta nueva situación. Advierte que abastecer combustible únicamente en Perú elevaría considerablemente los costos operativos, debido a que el galón prácticamente duplica el precio vigente en Ecuador.
Añade que las empresas mantienen acercamientos con autoridades nacionales y participaron en reuniones con la asambleísta por el Carchi, Lucía Pozo, representantes del Gobierno y dirigentes del transporte pesado. Sin embargo, asegura que las respuestas todavía no llegan.
«Podríamos quedar en la quiebra algunos transportistas», señala.
Mientras tanto, las rutas hacia Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima continúan siendo el principal destino de cientos de unidades ecuatorianas dedicadas al transporte internacional.
Aldo Benavides, transportista internacional, también figura entre los conductores que recibieron notificaciones por los controles efectuados en Perú. En la empresa a la cual pertenece existen cinco procesos abiertos por el combustible utilizado durante recorridos realizados en 2025. Considera que el inconveniente debe resolverse entre los gobiernos, porque los transportistas abastecen sus vehículos en estaciones ecuatorianas autorizadas.
«Lo que necesitamos es que el Gobierno peruano derogue todas las sanciones impuestas por Osinergmin a las empresas ecuatorianas», expresa. En su caso enfrenta una multa de 7.000 soles, unos 2.000 dólares, mientras espera que las gestiones impulsadas por la Federación de Transporte Pesado del Ecuador y la Cancillería permitan encontrar una solución con las autoridades peruanas.
Asociación de Transporte Pesado del Carchi
Carlos Bastidas, presidente de la Asociación del Transporte del Carchi, calcula que entre 12 y 15 empresas de la provincia registran sanciones y que los valores acumulados superan los 220.000 dólares.
Señala que los controles y la toma de muestras continúan en los pasos fronterizos, por lo que nuevas notificaciones podrían seguir llegando a más transportistas ecuatorianos.
Los transportistas esperan por una reunión binacional prevista para agosto.
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