La Ciudadela 4 de Octubre celebra sus 50 años con actividades religiosas, deportivas y culturales que se desarrollarán hasta el 4 de octubre en Tulcán.
Desde hoy, 2 de agosto, inicia la inscripción de candidaturas, mientras servidores públicos y autoridades cumplen los plazos establecidos para participar en las elecciones seccionales.
El Tribunal ordenó mantener el precio anterior de USD 3 para la distribución del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Carchi mientras la ARCH realiza un estudio técnico. Distribuidores anunciaron apelación ante la resolución judicial.
El servicio de Oncología del Hospital Luis Gabriel Dávila (HLGD) brinda diagnóstico, tratamiento y seguimiento a pacientes con cáncer. Su enfoque prioriza la atención humana, la detección temprana y referencias oportunas.
Comunidades rurales de Carchi viven incertidumbre por amenazas, extorsiones y un panfleto intimidatorio que generó alerta entre familias y productores.
Entre fincas ganaderas y zonas productivas, habitantes aseguran que amenazas y cobros extorsivos generan preocupación en sectores como El Carmelo, Julio Andrade y comunidades cercanas.
Una fuente que pidió mantener su identidad en reserva relató que este problema comenzó hace aproximadamente un año. Inicialmente, las presuntas extorsiones estaban dirigidas a grandes hacendados, pero con el tiempo la situación habría alcanzado a más familias.
“Ellos fueron tomando fuerza porque algunas personas, por miedo, decidieron pagar. Primero llegaban vestidos como campesinos, con ponchos y ropa del campo, pero armados. Ahora la situación cambió completamente”, contó.
Según el testimonio, los presuntos extorsionadores ya no actuarían de la misma manera. Las visitas nocturnas a las fincas serían realizadas por hombres vestidos de negro, cubiertos el rostro y con chalecos antibalas.
“Ya no llegan solamente con un revólver. Ahora llegan con metralletas”, señaló la fuente.
El temor se extiende desde Playa Alta hasta El Carmelo, Frailejones y otros sectores rurales. La preocupación aumenta porque quienes realizan las amenazas conocerían información personal de las víctimas.
“Saben los nombres de los hijos, dónde estudian, conocen a la familia, hasta saben cómo se llaman los perros”, manifestó.
Los cobros serían presentados como una supuesta “tasa de seguridad”. De acuerdo con la denuncia, los valores dependerían de la producción, número de animales, propiedades y bienes de cada persona. Las exigencias económicas superarían los cinco mil dólares y posteriormente incluirían pagos anuales de entre 10.000, 20.000 o hasta 30.000 dólares, dependiendo de la producción y bienes de cada afectado.
Esta situación estaría provocando que algunos habitantes opten por vender sus animales y abandonar sus actividades. “Hay personas que están pensando salir a Tulcán o Ibarra porque tienen miedo de seguir viviendo en sus tierras”, afirmó.
Mensaje intimidatorio
La alarma aumentó esta semana tras la difusión de un mensaje atribuido al denominado grupo armado colombiano Oliver Sinisterra. En el documento se anunciaba una supuesta “limpieza social” durante ocho días y se mencionaban sectores como El Carmelo, Frailejón, La Playa, Julio Andrade, Huaca y otras comunidades.
La misiva señalaba como “objetivo militar” a presuntos informantes y extorsionadores, además de solicitar a los habitantes evitar la circulación desde las 20:00 hasta las 05:00 durante ese periodo. También aseguraba que realizarían recorridos por diferentes sectores para identificar a personas señaladas en el escrito.
Respuesta de autoridades
Ante esta situación, el gobernador del Carchi, Byron Borja, informó que se activaron acciones coordinadas entre Fiscalía, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
“Estos mensajes están siendo analizados por Inteligencia para conocer su origen y dar seguimiento”, indicó.
La autoridad confirmó el refuerzo militar en la zona fronteriza y señaló que, hasta el momento, no existe una denuncia formal sobre personas secuestradas en la provincia.
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